Boletín Nº 56
Gremios del sector financiero respaldan propuesta de la banca para modificar la Ley de Fraudes
Chile, Diciembre 09 , 2025
ChilePay y la Asociación del Retail Financiero apoyaron las medidas impulsadas por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras para reducir la judicialización y permitir seguros que fortalezcan la protección ante fraudes.
La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) reiteró el llamado a corregir la Ley de Fraudes, afirmando que las tasas asociadas a este tipo de delitos se mantienen en niveles elevados pese a la reforma vigente desde mayo del año pasado. Desde el gremio señalaron que el marco actual no ha logrado contener el autofraude ni reducir la judicialización de los casos, encareciendo la resolución de reclamos y deteriorando la relación entre usuarios y entidades financieras.
Para enfrentar este escenario, la semana pasada la ABIF planteó tres ajustes prioritarios: modificar el estándar probatorio, desde culpa grave o dolo hacia culpa leve; crear una instancia administrativa especializada para resolver operaciones no reconocidas y descomprimir a los juzgados de policía local; y habilitar la comercialización de seguros contra fraude. La entidad afirmó que estos cambios buscan equilibrar responsabilidades, reducir costos y alinear a Chile con prácticas internacionales. Fallas en el proceso legislativo original José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos (ABIF), en conversación con Chócale, sostuvo que el país debe avanzar hacia una normativa que refleje los riesgos actuales. “Esto es una ley, por lo tanto, hay que modificarla.
Hoy día está prohibido que los emisores entreguen un seguro contra fraude (...). Pero todos podemos caer inadvertidamente, a todos nos pueden engañar. Ese concepto está solucionado en el mundo de un seguro, porque no es culpa de la persona y tampoco es culpa del emisor”, señaló.
Un informe de la ABIF, que lidera su presidente José Manuel Mena, planteó sugerencias para revertir la situación sobre los fraudes que afectan tanto a clientes como instituciones financieras. Mena advirtió que mantener la prohibición de la comercialización de estas pólizas afecta la inclusión financiera, objetivo perseguido tanto por la banca como por organismos públicos. “Chile tiene cuatro veces o más fraudes respecto a España. Eso implica un costo, hace que tú discrimines en mayor medida a quién le entregas cuentas”, afirmó.
El líder gremial también atribuyó la situación a errores en el proceso legislativo que originó la norma. “Esto fue una mala ley de hace ya tres años, y en su origen yo tengo claro que hubo prejuicio de gente que ya no está en el Congreso, pero la ley mala quedó", sostuvo. Agregó que "la realidad, con cifras, con antecedentes, con la experiencia de lo que ha pasado, debiera ser que los senadores y los diputados modifiquen la ley.
Esto es una iniciativa que puede ser del Legislativo, pero creo que el nuevo Ejecutivo lo debiera tomar”.
Establecer un equilibrio entre los emisores y usuarios
Desde ChilePay, su director ejecutivo, Juan Antonio Figueroa, valoró el llamado de la banca y respaldó el cambio del estándar probatorio. Afirmó que el ajuste “puede influir positivamente en la percepción de seguridad porque establece un equilibrio más razonable de responsabilidades entre emisores y usuarios”.
También advirtió que la judicialización —que hoy recae en los Juzgados de Policía Local— genera costos y deteriora la confianza. Una instancia administrativa especializada, detalló, permitiría “resolver disputas de manera más ágil” y establecer criterios técnicos unificados, lo que “sería especialmente relevante para pequeños comercios y emprendedores”.
La Asociación del Retail Financiero (ARF) coincidió con las propuestas y sugirió sumar a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). “Puede ser una buena idea que (...) la CMF colabore en el análisis y la investigación de los reclamos de las personas. Esto permitiría resolver más rápidamente de cara a las personas y aplicar adecuados criterios de rigurosidad técnica respecto de los emisores de medios de pago”, indicó Alejandro Arriagada, secretario general del gremio.
Respecto a los seguros, Figueroa afirmó que la prohibición actual “es una distorsión” y que eliminarlos permitiría ampliar la protección si existen primas proporcionales, información clara y exclusiones que no incentiven el autofraude.
Fuente: Chocale